ESPECIALES

El reto de la sustentabilidad y la reducción de las vulnerabilidades

¿Cómo la valoramos? ¿Cómo la definimos? ¿Un ideal  social? Un espacio para ejercer nuestro compromiso social o de responsabilidad social personal o empresarial?

Un elemento central, una prioridad cada vez más apremiante de todas las actividades económicas, de todo el hacer público, de la comunidad nacional en su totalidad. La viabilidad del país en juego.

La insostenibilidad y la vulnerabilidad son construcciones sociales, incluyendo la amenaza del cambio climático, que es una construcción de la comunidad global en que hemos participado muy poco. Son resultado de prácticas y actividades económicas, de conductas o costumbres sociales incompatibles con las condiciones y las circunstancias nacionales, incompatibilidad agravada por la realidad y tendencias del cambio climático.

La realidad de las pérdidas acumuladas en los últimos 7 años indican que nos hallamos en una dinámica de degradación y de riesgos insostenible, y que continuamos en esa larga trayectoria de acciones, prácticas y omisiones que nos han llevado a esa condición de ser uno de los países de mayor riesgo en el mundo, en porcentaje territorial en riesgo, en % poblacional en situación de riesgo y en % de actividad productiva en riesgo:

  • por un lado de incremento creciente de las vulnerabilidades, de necesidades crecientes de atención a riesgos y de elevados costos sociales;
  • por otro con escasa inversión y reducida  o nula capacidad de aumentos de inversión en esta materia, con distracción de recursos para el desarrollo destinándose a atender emergencias, rehabilitación y reconstrucción.
  • Si no respondemos a estas dos vertientes de la dinámica de degradación, no estaremos siendo estratégicos.

Las discusiones sostenidas hasta el momento por distintas mesas temáticas del CONASAV han identificado distintas necesidades o debilidades instrumentales para abordar el problema: falta de conocimientos, de sensibilidad social, de educación en riesgos y cambio climático, de falta de financiamiento, de deficiencias en la aplicación de leyes, de políticas públicas insuficientes o inadecuadas, etc.

Todas las anteriores son lecturas válidas, importantes y en la medida de lo posible deben recibir la atención del caso. Pero el desafío para el CONASAV es cómo su intervención logra ser verdaderamente estratégica. Esto es, cómo identifica y se pone al servicio de aquellas acciones capaces de revertir aquella dinámica de aumento de los riesgos y las vulnerabilidades y de escasa o nula capacidad de inversión en reducción de riesgos y reversión de la degradación.

Para responder a tal desafío el CONASAV deberá, en primer lugar, saber encontrar las acciones capaces de producir transformaciones y cambios radicales en aquello que en mayor escala está contribuyendo a causar y aumentar los riesgos,  las vulnerabilidades y los costos sociales.

En la mesa de cambio climático ya han identificado algunas de las principales actividades que a nivel nacional son las mayores generadoras de pérdidas y daños económicos, de altos costos para las finanzas públicas: la agricultura, principalmente las actividades de producción de granos básicos, caña y ganadería; y la construcción y desarrollos urbanísticos. Estas dos importantes actividades representan la causa de las mayores pérdidas y daños  económicas y sociales experimentados por el país en los últimos 7 años, implicando el arrastre y pérdida de suelos fértiles, la destrucción de infraestructura vial, de cosechas, azolvamiento y daño a manglares y afectaciones a la actividad pesquera asociada, etc). Más de 1600 millones en 7 años, más de 230 millones anuales en el periodo.

Concentrando esfuerzos, logrando un acuerdo nacional en transformar la agricultura y los procesos de urbanización y de construcción que aceleradamente está cambiando los usos del suelo, no solo estaríamos adaptando esas actividades productivas esenciales para la seguridad alimentaria, la economía y el bienestar de nuestra población, sino que también estaríamos reduciendo significativamente las emisiones asociadas a agricultura y cambios de uso del suelo, que representan casi el 40% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del país. Sin contar con los efectos positivos o co-beneficios de ambas acciones en la biodiversidad, mayor resiliencia climática y seguridad alimentaria, la protección de los ecosistemas y la conservación de la humedad y los recursos hídricos. Es decir, efectos positivos transversales a la agenda de sostenibilidad.

Ciertamente no bastaría con la simple aplicación de las leyes, emitir nuevos decretos o disponer de medidas de ordenamiento que prohibieran, por ejemplo, producir granos básicos en ladera. De ser así ¿cómo resolveríamos el problema que se ocasionaría a la ocupación, el ingreso y los medios de vida de un alto porcentaje de familias que subsisten de esta actividad? Cerca de cuatrocientas mil familias en esta condición. Es preciso reconocer que hemos construido realidades que nos es imposible ignorar.  Es necesario, por tanto, lograr en primer lugar un gran acuerdo nacional que concentre esfuerzos y disponga todos los medios al alcance para impulsar esa transformación en aquellos sectores más vulnerables que requieren de apoyo para ello, permitiendo que sigan con su actividad pero de manera sostenible. Así como orientar e incentivar ese cambio en aquellos que tienen capacidad para hacerlo.

En urbanización, y en particular lo relacionado con la demanda de vivienda, la exigencia de detener el aumento del riesgo  a desastres y la destrucción de ecosistemas, así como de honrar el compromiso internacional de reducir emisiones, en un país cuya extensión territorial le exige el uso más racional de su suelo, pensando en las futuras generaciones, la cuestión de la construcción en altura no puede menos que convertirse en prioridad nacional de su viabilidad económica y ecológica. Se perfila como otro gran acuerdo nacional impostergable, cuya desatención le reportará al país un incremento exponencial, inmanejable, de gasto público en respuesta a desastre, con elevados costos sociales y de desarrollo.

Focalizando esfuerzos en estas acciones clave significa también ampliar conocimientos, la difusión de capacidades técnicas, la sensibilización general y a fondo de la sociedad en su conjunto sobre nuestra dependencia de la agricultura, de nuestra gran vulnerabilidad en seguridad alimentaria, en reconocer colectivamente los elevados costos sociales que genera una agricultura no sostenible y no adaptada al cambio climático. Es decir, abordar y mejorar de manera sustantiva, efectiva y pedagógica todas esas debilidades o vacíos instrumentales que han sido identificadas por las distintas mesas temáticas. Es decir, mejorar en esos aspectos, pero haciéndolo orientados al servicio de un resultado concreto y radicalmente transformador.

Tal ejercicio no solo permitirá a la sociedad en su conjunto ganar en claridad y conciencia sobre la importancia central de la agricultura para la sobrevivencia nacional, sino que pondrá las bases para que la población comprenda mejor cómo opera la compleja dinámica de los riesgos en un sector. Con ello ganará también capacidades para entender mejor y más rápidamente la dinámica de los riesgos asociados a la actividad de otros sectores.

Es claro que al adoptar e impulsar propuestas con la capacidad transformadora que la situación nacional exige se tocarán o podrán afectarse intereses y poderes grandes y pequeños, costumbres, privilegios o prácticas largamente arraigadas. Y ello suscitará resistencias y oposiciones o rechazos al cambio de diversa escala y procedencia. Pero ese es el enorme reto de la transformación social que corresponde a un cuerpo como el CONASAV.

Por otra parte, es fundamental avanzar en reconocer y concienciar ampliamente sobre los costos reales de las actividades productivas. Deben saber contabilizarse los costos sociales que van acumulando las que provocan daños al ambiente, las que generan riesgos, las que consumen recursos naturales de manera insostenible y desproporcionada utilizándolos como un subsidio no declarado a su producción y a su renta.

Es necesario un gran acuerdo nacional para iluminar ampliamente sobre los costos no reconocidos, las externalidades negativas de actividades y prácticas económicas no sostenibles o generadoras de daños y pérdidas. Un acuerdo sobre los medios apropiados para su apropiada contabilidad, y mecanismos de compensación y captación de recursos para la constitución de un fondo nacional de adaptación y de reducción de riesgos y vulnerabilidades. No se trata en absoluto de poner nuevos obstáculos o problemas a la economía y mucho menos de cerrar empresas y fuentes de trabajo. Se trata de reflejar los costos reales de la producción, y de adoptar las transformaciones necesarias para que la competitividad y la rentabilidad de las empresas no se cargue y se acumule sobre la ya onerosa cuenta de los riesgos que termina pagando la sociedad en su conjunto, y sobre el riesgo extremo de volver inviable a la totalidad de la economía y sociedad salvadoreñas.

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